Ministerio Público presenta equipos de alta tecnología para peritajes forenses

Lima, set. 01 (ANDINA).- La Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, presentó hoy una serie de equipos de alta tecnología destinados a la evaluación con precisión de los datos de la escena de delito, así como para la detección de drogas, insumos tóxicos y explosivos a nivel nacional.
Indicó que estas adquisiciones forman parte de una inversión efectuada por el Ministerio Público por 13 millones 156 mil 186 nuevos soles, los que, colocan a este organismo como el primero en Sudamérica y al nivel de los mejores sistemas de investigación en el mundo.

“Esta inversión se da para trabajar con más exactitud en el menor tiempo las investigaciones en las que esté involucrada el Ministerio Público, (…) para que pueda realizar un trabajo más técnico y confiable”, manifestó.

Durante la ceremonia se hizo una prueba del escáner láser, adquirido por el Ministerio Público por 129 mil dólares, el mismo que permite “guardar” la escena del crimen o delito “electrónicamente” con la finalidad de hacer análisis posteriores.

“Estos equipos permitirán efectuar el análisis pericial de la escena del crimen, permitirán el recojo oportuno, eficiente y científico de los datos, además de almacenar y transportar la evidencia correctamente”, mencionó.

Asimismo, Echaíz anunció que también se adquirieron equipos e insumos para la detección de drogas, insumos tóxicos y explosivos, que servirán de apoyo a la labor que se realiza con otras instituciones, como la Policía Nacional del Perú, contra el narcotráfico.

Agregó que también se han adquirido equipos de escáner de láser, fotografía digital, laboratorios de análisis miniaturizados, kits de señalización de la escena del crimen para detección de disparos por armas de fuego y de identificación de fluidos seminales.

A estos se suman kits de reactivos portátiles para análisis de drogas, kits maestros para detección de armas de fuego, kits buscador de trayectorias láser balística y equipos portátiles para la detección de explosivos y narcóticos.

Estos equipos, informó el Ministerio Público, se encuentran garantizados por dos años, pero posteriormente se les efectuará mantenimiento con la respectiva partida presupuestal.

De otro lado, también se compraron trajes completos desechables, botas y anteojos protectores, kits de almacenaje de la evidencia recolectada, y materiales complementarios como sobres para la cadena de custodia y bolsas para el recojo de las evidencias, entre otros.

Acompañaron en la ceremonia de presentación de estos equipos el jefe nacional del Instituto de Medicina Legal, Gina Dávila Hererra, así como los fiscales supremos, José Peláez Bardales, Zoraida Ávalos Rivera, Avelino Guillén Jáuregui, María Loayza Gárate, José Pereira Rivarola.


Publicado en el diario oficial EL PERUANO 02/09/2009

Uso eficaz y adecuado de la herramienta probatoria

ANÁLISIS. PLANTEAN ADEMÁS REGLAS PARA MAGISTRADOS CUANDO DECIDAN ORDENAR LA ACTUACIÓN DE ESTOS MEDIOS

Identifican vacíos en facultad del juez para ordenar prueba de oficio
Como enmienda, piden regular atribución conferida a los jueces

Abogado (*)

La facultad concedida al juzgador de ordenar la actuación de medios probatorios de oficio es una de las principales características del sistema inquisitivo, lo que lo diferencia del sistema acusatorio, en donde el manejo probatorio se encuentra monopolizado por las partes, convirtiendo al juez en un simple "referee".

En el sistema inquisitivo, el juzgador juega un papel vital, dado que se le concede la calidad de Director del proceso, otorgándole la facultad de ordenar la actuación de medios probatorios de oficio cuando los ofrecidos por las partes son insuficientes para producirle certeza y convicción.

Este sistema inquisitivo fue el modelo inspirador tanto del Código Procesal Civil como de la Ley Procesal del Trabajo, dado que en ambos se otorga al juez de primera instancia la facultad de ordenar prueba de oficio.

Siendo esto así, cabe preguntarse ¿Deberían existir límites a la facultad de llamar prueba de oficio por parte de los jueces?; ¿La norma procesal debería regular la prueba de oficio, o debe quedarse a la libre discrecionalidad del juzgador el convocarla y actuarla?; ¿El juez al llamar prueba de oficio no estará suplantando al litigante que incumplió su deber de demostrar sus afirmaciones?

Estas inquietudes nos colocan frente a la disyuntiva de regular esta facultad dada al juez de primera instancia a efectos de convertirla en un instrumento eficiente, o dejar a la libre voluntad del juzgador el ordenar su actuación. El art. 28 de la Ley Procesal del Trabajo no establece ninguna limitante a esta actuación oficiosa del juzgador, dejando a su libre determinación el convocarla y actuarla.

Complicaciones en la judicatura
La experiencia judicial demuestra que los jueces aplican esta facultad en forma arbitraria. Así, por ejemplo, existen casos en donde la declaración de testigo presentada por una de las partes del proceso fue declarada improcedente, al no cumplir con los requisitos para su presentación; pero, tiempo después el juez se percata que se trata de una prueba esencial para resolver la materia, motivo por el cual convoca al mismo testigo antes declarado improcedente, utilizando para tal efecto la prueba de oficio.

Luego, las salas revisoras tienden a anular sentencias de primera instancia debido a una incorrecta aplicación de técnica probatoria por parte del juez, ordenándole que haga uso de la facultad conferida por el artículo 28 de la Ley procesal del trabajo a efectos de lograr una mayor investigación de la materia controvertida.
Algunas veces los órganos revisores establecen determinados lineamientos que deben ser considerados por magistrado de primera instancia al momento de resolver, lo que atenta contra la autonomía de los jueces, consagrada en la Constitución.

(*) Doctor en Derecho de la UPSMP

Reglas a las atribuciones
A falta de una adecuada normativa procesal, se plantean algunas reglas a ser observadas cuando el juez decida llamar prueba de oficio. Entre ellas:

Pertinencia: Jueces deben llamar prueba de oficio si existe discusión de un derecho laboral irrenunciable que no haya sido debidamente acreditado por la demandante, no se haya esclarecido una afirmación o existan lagunas en lo ocurrido en el terreno de los hechos.

Oportunidad: debe ser ordenada una vez hayan sido admitidos y actuados todos los medios probatorios ofrecidos por las partes.

Traslados y cuestionabilidad: deben ser ordenadas y puestas en conocimiento de las partes, a efecto de que puedan presentar nulidades o cuestiones probatorias, dado que se puede dar el caso, por ejemplo, que el juez convoque a un testigo que se encuentre con impedimento legal para declarar.

Impugnación: se debe permitir a las partes impugnar la resolución que ordena prueba de oficio, a efectos de no contravenir el principio de pluralidad de instancias, debiendo concederse esta apelación sin efecto suspensivo.

Posibilidad de los órganos revisores y de casación de ordenar al juez que se investiguen con mayor profundidad los hechos ocurridos, mediante la prueba de oficio, pero cuidando de no invadir terrenos valorativos del juez de primera instancia.

Estas reglas pueden aplicarse tanto en un proceso oral como escrito, generando con esta regulación un uso eficiente y adecuado de esta herramienta probatoria.

Publicado en el diario oficial EL PERUANO 27/08/2009

EN DEBATE. ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA CORTE DEL CALLAO, CÉSAR HINOSTROZA
Piden cambios en Ley Penal contra Lavado de Activos
Para garantizar principio de legalidad que exige tipificar las infracciones
Magistrado solicita además fijar cuantías en el juzgamiento de estos casos
paul herrera guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

A varios años de vigencia de la Ley Penal contra Lavado de Activos, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, César Hinostroza, plantea diversas modificaciones a la norma, las cuales desarrolla ampliamente en su reciente libro El delito de lavado de activos - delito fuente, que somete a consideración de la comunidad jurídica.
¿Cómo está tipificado el delito de lavado de activos en el país?
El legislador peruano, a tono con el derecho comparado, promulgó la Ley N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, que incorpora como delitos precedentes o delitos fuentes a varios ilícitos, además del tráfico ilícito de drogas, y deroga los artículos 296 A y 296 B del Código Penal. Disposiciones que tipificaban los delitos de lavado de dinero y de receptación, consistente en la transferencia, conversión de dinero del tráfico ilícito de droga, actos de ocultamiento y otras conductas.
Ahora, el delito de lavado de activos goza de autonomía respecto del delito fuente. Luego se modifica esta norma con el D. Leg. 986, que precisa algunos elementos descriptivos y normativos del tipo penal e incorpora otros delitos fuente o delitos precedentes, en general ganancias ilícitas. Además, pone énfasis en la autonomía del delito de lavado de activos y que ya no se requiere sentencia previa por el delito fuente o delito precedente, tampoco un proceso penal respecto a ese delito fuente o delito precedente y menos una investigación, lo que será materia de discusión jurisprudencial.
Entonces, ¿una persona puede ser sentenciada por delito de lavado de activos proveniente, por ejemplo, del delito aduanero u otros sin ser investigada?
En este caso, la norma dice que los jueces pueden basarse en la prueba indiciaria y hay toda una teoría al respecto que es validamente aceptada en el derecho procesal penal.
¿Cómo observa la aplicación de la Ley penal contra el lavado de activos?
En la obra trato específicamente los fundamentos del delito de lavado de activos, la evolución de este ilícito en el derecho comparado y en la legislación penal peruana. Al respecto, propongo una reforma legal.
¿Cuál es esa propuesta?
Se refiere a la eliminación de la frase: “u otros delitos similares”. De acuerdo con la redacción del tipo penal de lavado de activos al parecer podría estarse violando el principio de legalidad, el cual implica que para que una conducta sea sancionada, se requiere que esa conducta esté expresamente descrita en la ley como infracción punible.
El artículo 6 de la Ley N° 27765, modificado por el D. Leg. N° 986, establece que: El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el tráfico de drogas, delitos contra la administración pública, secuestro, proxenetismo, tráfico de menores, defraudación tributaria, delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales...
Aparentemente, esto violaría los principios de certeza y legalidad. Aquí, se propone eliminar el término “otros similares” y fijar un criterio de tipificación de delitos fuente, en base a bienes jurídicos homogéneos o a la gravedad de las penas.
¿El tema de la cuantía también fue analizada?
Otro tema trabajado en el libro ha sido la posibilidad de establecer una cuantía, puede ser discutible, pero lo someto a debate. Por ejemplo, procesarse a una persona por haber ocultado bienes de procedencia ilícita que tengan un valor de 500 nuevos soles. ¡No se establece ninguna cuantía! y eso no recarga el sistema de administración de justicia.

Analogía en la ley penal

PROHIBICIÓN O ACEPTACIÓN

La Constitución Política del Perú en su artículo 139 inc., 9 establece: "El principio de inaplicabilidad por analogía de la Ley Penal y de las normas que restringen derechos".
Asimismo, en el Artículo III del Título Preliminar del Código Penal (CP) se señala: "Que no está permitida la analogía 1. Para calificar el hecho como delito o falta; 2. Definir un estado de peligrosidad, o 3. Determinar la pena o medida de seguridad que les corresponde".
La interpretación que se hace de ambos dispositivos, según posición mayoritaria es que, lo que se encuentra prohibido es la "analogía in malam partem", es decir, aquella que perjudica al reo; mas no la "analogía in bonam partem", que constituye un instrumento jurídico favorable al reo.
La creación de delitos, así como la fundamentación de la pena, únicamente puede realizarse mediante una ley previa, escrita, estricta y cierta. En consecuencia, no es admisible la "analogía in malam partem", como se puede apreciar en los siguientes casos:
1. El CP en su art. 409 considera que incurre en delito aquel testigo que falta a la verdad en causa judicial. Si faltase a la verdad en declaraciones ante la policía, tal conducta no encuadraría en el mencionado artículo, por más que se aprecie una similitud entre ambas situaciones. De lo contrario, estaríamos aplicando analogía in "malam partem."
2. El CP en su art. 107 considera que incurre en Parricidio "El que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino". Sin embargo, si el sujeto activo fue acogido desde niño y tratado como un hijo, no será suficiente para configurar el delito de parricidio (homicidio agravado), por más que pueda existir alguna similitud entre ambas situaciones. En todo caso, estaremos ante un homicidio simple o asesinato, dependiendo si concurre algún agravante señalado en el art. 108 del CP.
Como ejemplo de "analogía in bonam partem" se puede citar el art. 81 del CP., según el cual los plazos de prescripción ordinarios de la acción penal se reducen a la mitad tratándose de imputables restringidos (de 18 a menos de 21 años y mayores de 65 años). Sin embargo, respecto a los plazos de prescripción de la pena, el CP guarda silencio, por lo que vía "analogía in bonam partem", también sería aplicable lo señalado en el art. 81 de este corpus iuris sustantivo, para el caso de los plazos de prescripción ordinarios de la pena; siendo que donde existe la misma razón existe el mismo derecho (argumento analógico a pari o a simili).

Juan Carlos Mezzich Alarcón
Magíster en Ciencias Penales
EL PERUANO

CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL SOBRE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL

La Comisión Regional del Pleno Jurisdiccional sobre el Código Procesal Penal, en el evento realizado en la ciudad de Arequipa, integrada por los señores magistrados: Fernán Fernández Ceballos Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa – Presidente de la Comisión Regional, José Ricardo Cabrejo Villegas representante de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Edwin Rolando Laura Espinoza representante de la Corte Superior de Justicia de Moquegua y José Felipe De la Barra Barrera representante de la Corte Superior de Justicia de Tacna, con la designación del señor José Cabrejo Villegas, dejan constancia que luego de llevado a cabo el debate de cada uno de los temas sometidos al Pleno, los señores magistrados participantes han arribado a las conclusiones que se exponen a continuación:

TEMA N° 1

INASISTENCIA DE LA PARTE RECURRENTE A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN DE AUTO

¿ES CAUSAL DE INADMISIBILIDAD DEL MEDIO IMPUGNATORIO LA INASISTENCIA DE LA PARTE RECURRENTE A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN DE AUTO, EN APLICACIÓN DE LO PREVISTO EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, PARA EL TRÁMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIAS?

Primera Ponencia
Se aplica el artículo 423°, inciso 3 del Código Procesal Penal para todos los casos de audiencia en segunda instancia, pues rige como criterio de interpretación sistemática, la aplicación de los principios generales del Título Preliminar del Código, en el sentido de cautelar la vigencia del contradictorio y la oralidad de la audiencia.

Segunda Ponencia
No debe aplicarse extensivamente lo prescrito para las audiencias de apelación de sentencia, no siendo aplicables las reglas de interpretación general del Título Preliminar del Código Procesal Penal, allí donde no hay nada que interpretar; toda vez que lo previsto para las audiencias de apelación de autos no solo omite intencionalmente la obligatoriedad del procesado recurrente, sino que expresamente señala que a dicha audiencia concurrirán los sujetos procesales que lo estimen conveniente, ello según el amparo del principio de legalidad.

1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Ricardo Cabrejo Villegas, concede el uso de la palabra a los señores magistrados relatores de cada grupo de trabajo a fin de que se de lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:

Grupo A: El señor relator del grupo A expresó que se obtuvo como resultado ocho votos a favor de la primera ponencia contra cuatro votos a favor de la segunda, así como una abstención.
Grupo B: La señora Magistrada Cecilia Aquize Díaz, manifestó que su grupo adoptó por mayoría la posición dos, esto es que no se debe declararse inadmisible el recurso de apelación por inconcurrencia del recurrente, ya que no es obligatoria la presencia del apelante, obteniéndose como resultado en su grupo siete votos a favor de la misma, contra cinco en contra y tres abstenciones.

2. DEBATE: Luego de leídas las conclusiones arribadas por los señores magistrados relatores de los dos grupos de trabajo, el señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Ricardo Cabrejo Villegas, concede el uso de la palabra a los magistrados asistentes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos ya vertidos.
§ No existiendo pedidos de intervención se procede a la votación.
§ En este estado, el doctor Jorge Luis Salas Arenas sostiene que debe procederse a votar.
§ De otro lado, el doctor Víctor Alberto Burgos Mariños indicó que la presente votación debe darse de manera democrática y que, conforme a lo establecido, la participación de los señores invitados debe limitarse a su opinión.
§ Del mismo modo, el doctor Miguel Castañeda Moya señaló que es poco democrático que en este pleno en el que se permite la intervención de vocales y jueces, sólo se permita la votación de los señores jueces superiores, planteando como solución que se de una votación de los señores Magistrados con calidad de invitados la misma que serviría como una referencia o tendencia.
§ El doctor Jorge Luis Salas Arenas, al respecto, manifestó que no es propio pretender un cambio de las “reglas de juego”, lo que podría conllevar a una distorsión de las reglas del pleno.
§ El señor Director del Centro de Investigaciones del Poder Judicial Elder Domínguez Aro, hizo presente a los señores asistentes que la realización de los Plenos Jurisdiccionales está reglamentada en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 116° y siguientes, por lo que no correspondería una votación de los señores Jueces invitados.

Estando a lo aclarado se procede con la respectiva votación.

1. VOTACIÓN: El señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Ricardo Cabrejo Villegas, invitó a los señores jueces superiores participantes a emitir su voto respecto a las dos posiciones propuestas, dándose lectura a las dos ponencias, el resultado el siguiente:

3.1. Por la ponencia número 01: Total de 13 votos.
3.2. Por la ponencia número 02: Total de 10 votos
3.2. Abstenciones: Total 01.

2. CONCLUSIÓN PLENARIA: El Pleno adoptó por MAYORÍA la primera ponencia que enuncia lo siguiente:
“Se aplica el artículo 423°, inciso 3 del Código Procesal Penal para todos los casos de audiencia en segunda instancia, pues rige como criterio de interpretación sistemática, la aplicación de los principios generales del Título Preliminar del Código, en el sentido de cautelar la vigencia del contradictorio y la oralidad de la audiencia.”


TEMA N° 2

LOS ACTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL ORALIDAD VS. ESCRITURA

¿LOS ACTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBEN SER EXTERIORIZADOS DE MANERA ESCRITA U ORAL?

Primera Ponencia
El cumplimiento de las disposiciones emanadas por el texto constitucional, en cuanto a la observancia del principio jurisdiccional de motivación escrita de resoluciones debe ser acatado por los magistrados.
La misma formalidad (escrita) debe cumplirse con las actas de audiencia.

Segunda Ponencia
El nuevo modelo acusatorio privilegia la oralidad. Las decisiones judiciales deben ser preferentemente orales, en especial aquellas que se dicten en audiencias preliminares. El registro de las mismas se encuentra en audio. Las actas de audiencia contienen una síntesis de lo actuado.

1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Ricardo Cabrejo Villegas, concede el uso de la palabra a los señores magistrados relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:
1.1. Grupo A: El Señor relator expresó que su grupo asume por mayoría la primera ponencia, la cual obtuvo siete votos a favor y sólo cinco a favor de la segunda ponencia, además de una abstención.
1.2. Grupo B: El señor relator del grupo B, señaló que en su grupo se obtuvo cuatro votos a favor de la primera ponencia y cinco a favor de la segunda, además de 2 abstenciones las cuales fueron debidamente fundamentadas.

2. DEBATE: Luego de leídas las conclusiones arribadas por los señores magistrados relatores de los dos grupos de trabajo, el señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Ricardo Cabrejo Villegas, concede el uso de la palabra a los magistrados asistentes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos ya vertidos.

Se deja constancia que no existe ninguna observación por parte de los señores asistentes, por lo que se procede a la votación.

3. VOTACIÓN: El señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Ricardo Cabrejo Villegas, invitó a los señores Jueces Superiores participantes a emitir su voto respecto a las dos posiciones propuestas, siendo el resultado el siguiente:

3.1. Por la posición número 01: Total de 9 votos.
3.2. Por la posición número 02: Total de 11 votos.
3.3. Abstenciones: Total 02.

4. CONCLUSIÓN PLENARIA: El Pleno adoptó por MAYORÍA la primera ponencia que enuncia lo siguiente:
“El nuevo modelo acusatorio privilegia la oralidad. Las decisiones judiciales deben ser preferentemente orales, en especial aquellas que se dicten en audiencias preliminares. El registro de las mismas se encuentra en audio. Las actas de audiencia contienen una síntesis de lo actuado.”

TEMA N° 3

POSIBILIDAD DE OBSERVAR DEFECTOS FORMALES Y SUSTANCIALES EN LA ACUSACIÓN ANTES Y DURANTE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

¿CUÁLES SERÍAN LOS DEFECTOS FORMALES DE LA ACUSACIÓN PASIBLES DE OBSERVACIÓN, Y SI ES POSIBLE EL SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO POR DEFECTOS SUSTANCIALES EN LA ACUSACIÓN?

Primera Ponencia
Son defectos formales de la acusación los precisados en los artículos 135° y 349° del Código Procesal Penal, los cuales pueden ser observados por las partes dentro del plazo que tienen para hacerlo y por el juez de la investigación preparatoria en la audiencia preliminar; ante defectos sustanciales de la acusación, previstos en el artículo 344°, numeral 2 del mismo código, corresponde el sobreseimiento de la causa y no la observación de aquel acto jurídico procesal de impulso y postulación del juzgamiento.

Segunda Ponencia
La ley no hace diferencia entre defectos formales y sustanciales de la acusación, estos últimos (bajo esa nomenclatura) no existen, la acusación puede o no tener defectos, si ellos se presentan la norma los denomina “formales”, los que pueden ser observados por las partes de conformidad con lo previsto por el artículo 350°, numeral 1, letra a) del Código Procesal Penal. Por lo demás, los defectos de la acusación podrían diferenciarse por su importancia o trascendencia, lo que no quita que cualquiera pueda ser materia de reclamo u observación; toda inobservancia o incumplimiento de la ley procesal respecto de los requisitos que debe reunir la acusación fiscal configura la existencia de un defecto formal de ésta, por consiguiente, las partes, y el juez en su momento al amparo del artículo 352°, numeral 2 del citado Código, pueden efectuar observaciones por tales defectos.

1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Ricardo Cabrejo Villegas, concede el uso de la palabra a los señores magistrados relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:

1.1. Grupo A: El señor relator representante de dicho grupo, indicó que por UNANIMIDAD se adoptó la primera ponencia.
1.2. Grupo B: El señor relator expresó que por UNANIMIDAD su grupo planteó como cuestión previa que dicho tema no debe llevarse a debate; estando a que correspondería en todo caso discutirse por los Jueces de Investigación Preparatoria; acotando que las observaciones formales se deben subsanarse en audiencia y las sustanciales darían origen a la devolución de la acusación al Ministerio Público.

2. DEBATE: Luego de leídas las conclusiones arribadas por los señores Magistrados relatores de los dos grupos de trabajo, el señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Ricardo Cabrejo Villegas, concede el uso de la palabra a los magistrados asistentes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos ya vertidos.

§ En este caso el doctor Alfredo Salinas Mendoza sostuvo no estar de acuerdo respecto a que se devuelva la acusación al contener defectos sustanciales, ya que los mismos son insubsanables, como es el caso de la insuficiencia de medios probatorios o de atipicidad; correspondiendo en esos casos dictarse por parte de los Magistrados auto de sobreseimiento.
§ De otro lado, el doctor Víctor Alberto Burgos Mariños indicó que al tener la acusación defectos formales, los mismos se subsanan en audiencia; pero si la observación acarrearía que se modifique la acusación el Juez debe devolverla al Ministerio Público, la que retornaría para ser materia del correspondiente control de la acusación; es decir la subsanación de la acusación es anterior al desarrollo de la audiencia de control de acusación; debiendo diferenciarse las observaciones de los medios de oposición por cuestiones de fondo que pueden realizar las partes, es decir debe distinguirse entre los defectos formales o a las oposiciones que van al fondo de la acusación en cuyo caso si podría dictarse el sobreseimiento del proceso. Conforme esta planteada la pregunta, se trataría de defectos formales de la acusación, no de oposición, debiendo restringirse el debate a las observaciones pasibles de subsanación.
§ Del mismo modo, el doctor Miguel Castañeda Moya intervino acotando que debe tenerse en cuenta los requisitos de admisibilidad y procedibilidad, contenidos en los artículos 135 y 349 del Código Procesal Penal, indicando que las observaciones sustanciales acarrean el sobreseimiento del proceso. Debiendo diferenciarse el tema del sobreseimiento y los medios de defensa, por lo que es importante debatir cuándo un Juez puede sobreseer la causa por un defecto formal.

En este estado, el señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Ricardo Cabrejo Villegas, deja constancia que, no obstante no haber emitido por parte del Grupo B, voto a favor de ninguna de las ponencias, deberá procederse a la votación.

3. VOTACIÓN: Concluido el debate plenario, el señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Ricardo Cabrejo Villegas, invitó a los señores jueces superiores participantes a emitir su voto respecto a las dos posiciones propuestas, siendo el resultado el siguiente:

3.1. Por la posición número 01: Total de 11 votos
3.2. Por la posición número 02: Total de 0 votos
3.2. Abstenciones: Total 11.

4. CONCLUSIÓN PLENARIA: El Pleno adoptó por MAYORÍA la primera ponencia que enuncia lo siguiente:
“Son defectos formales de la acusación los precisados en los artículos 135° y 349° del Código Procesal Penal, los cuales pueden ser observados por las partes dentro del plazo que tienen para hacerlo y por el juez de la investigación preparatoria en la audiencia preliminar; ante defectos sustanciales de la acusación, previstos en el artículo 344°, numeral 2 del mismo código, corresponde el sobreseimiento de la causa y no la observación de aquel acto jurídico procesal de impulso y postulación del juzgamiento.”

En este estado la Comisión designó como nuevo Director de Debates al doctor José Felipe De La Barra Barreda.

TEMA N° 4

LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ DEL JUZGAMIENTO ANTE LA REMISIÓN DE ACTUADOS POR EL JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

¿LA REMISIÓN DE LOS ACTUADOS AL JUEZ DE JUZGAMIENTO, AL TÉRMINO DE LA ETAPA INTERMEDIA, AFECTA SU IMPARCIALIDAD?

Primera Ponencia
La remisión de los actuados al juez de juzgamiento, al término de la etapa intermedia, sí afecta su imparcialidad.

Segunda Ponencia
La remisión de los actuados al juez de juzgamiento, al término de la etapa intermedia, no afecta su imparcialidad.

2. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Felipe De La Barra Barreda, concede el uso de la palabra a los señores magistrados relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:

1.1. Grupo A: El señor relator del grupo A, doctor Alfredo Salinas Mendoza expresó que en su grupo de trabajo se obtuvo como resultado cinco votos a favor de la primera ponencia contra cinco votos a favor de la segunda, así como una abstención.
1.2. Grupo B: El señor Jonny Manuel Cáceres Valencia, manifestó que su grupo adoptó por unanimidad la segunda posición con las siguientes precisiones:
· Que los jueces no deben revisar el expediente previo al juzgamiento.
· Que el juez se limita a ordenar la formación del expediente judicial al coordinador de causas jurisdiccionales del juzgado colegiado o unipersonal.
3. VOTACIÓN: El señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Felipe De La Barra Barreda, invitó a los señores jueces superiores Participantes a emitir su voto en relación a las posiciones antes descritas, siendo el resultado el siguiente:

2.1. Por la primera postura: Total de 1 votos.
2.2. Por la segunda postura: Total de 19 votos.
2.3. Abstenciones: 01 abstención.
· El doctor Víctor Alberto Burgos Mariños señala que deben considerarse los aportes del grupo B
· El doctor Jorge Luis Salas Arenas señala que dichas propuestas no han sido debatidas en el pleno.
· El señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Felipe De La Barra Barreda, señala que el auditorio de ceñirse a la votación

4. CONCLUSIÓN PLENARIA: El Pleno adoptó por MAYORÍA la segunda postura que enuncia lo siguiente: La remisión de los actuados al juez de juzgamiento, al término de la etapa intermedia, no afecta su imparcialidad.

TEMA 5

¿SEGÚN EL ARTÍCULO 353°, INCISO 2, LITERAL E) DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, QUÉ DEBE ENTENDERSE COMO ACTUADOS?

Primera Ponencia
Debe entenderse por actuados, únicamente el expediente judicial de la etapa intermedia.

Segunda Ponencia
Deben considerarse como actuados, tanto el expediente judicial como la carpeta fiscal que contiene todos los elementos de convicción por los cuales el Ministerio Público formula su acusación contra el procesado.

1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Felipe De La Barra Barreda, concede el uso de la palabra a los señores magistrados relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:

1.1. Grupo N° 01: El señor relator del grupo A, doctor Alfredo Salinas Mendoza expresó que por unanimidad se abstienen de asumir alguna posición, porque la interrogante confusa, el termino expediente judicial no existe aún en la etapa intermedia.
1.2. Grupo N° 02: El señor Jonny Manuel Cáceres Valencia, manifestó que su grupo adoptó por unanimidad la segunda ponencia, esto es que debe considerarse como actuados, tanto el expediente judicial como la carpeta fiscal que contiene todos los elementos de convicción por los cuales el Ministerio Público formula su acusación.
Con la precisión que los actuados a que se refiere la norma procesal materia de discusión, constituyen sólo actos de investigación y que la verdadera actuación de prueba que es la verdadera actuación de prueba se produce en el juicio oral.
2. VOTACIÓN: el señor director de debates asignado por la Comisión, doctor José Felipe De La Barra Barreda, invitó a los señores jueces superiores participantes a emitir su voto en relación a las posiciones antes descritas, siendo el resultado el siguiente:
2.1. Por la primera postura: Sin votos.
2.2. Por la segunda postura: Total de 10 votos.
2.3. Abstenciones: 11 abstenciones.

3. CONCLUSIÓN PLENARIA: El Pleno adoptó por MAYORÍA la abstención

Arequipa, 04 de julio de 2009.

S. S.

FERNÁN FERNÁNDEZ CEBALLOS

LUIS ALBERTO VÁSQUEZ SILVA por MOISÉS AGUSTÍN SOLÓRZANO RODRÍGUEZ

JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS

EDWIN ROLANDO LAURA ESPINOZA


JOSÉ FELIPE DE LA BARRA BARRERA