Prohíben ingreso de autos usados

JURISPRUDENCIA. mtc podrá demandar nulidad de procesos que desde noviembre de 2008 hayan permitido este arribo al país

Jueces ya no pueden autorizar la importación de estos vehículos al país
Resoluciones judiciales contrarias carecerán de toda eficacia, afirma TC

Todas aquellas medidas cautelares que hayan inaplicado la legislación sobre la prohibición de la libre importación de autos usados y que hayan posibilitado el ingreso de estos vehículos al país, desde el pasado 6 de noviembre de 2008, carecen de eficacia, determinó el Tribunal Constitucional (TC), tras ordenar a los jueces del Poder Judicial que ya no podrán autorizar la libre importación de estas unidades.

En efecto, en la sentencia recaída en el Expediente N° 05961-2009-PA/TC, el tribunal estableció como precedente vinculante cuatro importantes reglas. Primero, que las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados son constitucionales, por lo que no pueden ser inaplicadas en ninguna clase de proceso por los jueces del Poder Judicial.

Luego, que las resoluciones judiciales que hayan inaplicado las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados son eficaces y ejecutables hasta el 5 de noviembre de 2008. Tercero, que a partir del 6 de noviembre de 2008, todas las resoluciones judiciales que hayan inaplicado las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados son ineficaces por contravenir la uniforme y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Acciones

Por último, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, excepcionalmente, tiene habilitado el plazo de prescripción para demandar vía el proceso de amparo, la nulidad de las resoluciones judiciales emitidas a partir del 6 de noviembre de 2008, que hayan inaplicado las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados.

Seguridad jurídica y la judicatura

Para el TC, si bien el conocimiento de los procesos constitucionales de la libertad constituye una competencia compartida entre el Poder Judicial y este colegiado, en materia de procesos constitucionales existe una relación de grado inferior de aquél con respecto a éste, por el hecho de que el tribunal es instancia final de fallo ante las resoluciones denegatorias del PJ en los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento e instancia única, final y definitiva en los procesos de inconstitucionalidad y de competencia.

En este contexto, advierte que las resoluciones judiciales firmes que hayan inaplicado el D. Leg. Nº 843 o los DS Nº 045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC, o los DU Nº 079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052-2008, generan un conflicto entre el principio de seguridad jurídica y la garantía de la cosa juzgada constitucional.

¿Por qué el 6 de noviembre?

El Tribunal Constitucional estableció que el 6 de noviembre de 2008 es la fecha de ineficacia de las resoluciones judiciales que inaplican las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados, porque a partir de la citada fecha, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es uniforme y reiterada, a pesar de que con anterioridad había emitido dos sentencias en las que se reafirmó la constitucionalidad de las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados.

Garantizan el debido proceso

El tribunal justificó su decisión con carácter vinculante, del siguiente modo.

En el proceso se comprobó la existencia de medidas cautelares que inaplicaban las normas que regulan los requisitos para la importación de autos usados, a pesar de que el TC en uniforme y reiterada jurisprudencia había establecido que dichos requisitos legales eran conforme con la Constitución, por lo que no podían ser inaplicados.

Prefirió declarar la ineficacia de las resoluciones judiciales que contravienen la uniforme jurisprudencia del TC y no su nulidad, a fin de garantizar el debido proceso.

Por la razón de que no se declaró la nulidad de las resoluciones judiciales, es que se ha habilitado, excepcionalmente, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el plazo de prescripción para que pueda demandar vía el proceso de amparo la nulidad de las resoluciones judiciales que inaplicaron las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados.

EL PERUANO

19/06/2010

Seguridad en datos personales

AVANCE. propuesta del ejecutivo facilitará el eficiente manejo de expedientes digitales y de la notificación electrónica

Aprueban proyecto contra informalidad en información por Internet
De aprobarse norma, impulsará comercio internacional y electrónico

Para proteger la vida privada de las personas frente a una probable agresión causada por el mal uso de datos personales que se realiza a través de la informática, el Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley destinado a garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales.

Dicha iniciativa legal, elaborada por el Ministerio de Justicia, busca facilitar el desarrollo del comercio internacional y electrónico de datos personales, particularmente con los países miembros de la Unión Europea, a los que se exige que la transferencia de estos datos de sus conciudadanos se efectúe sólo a terceros países que garanticen un nivel de protección adecuado.

También permitirá el crecimiento de la provisión transfronteriza de servicios, que incluye el negocio de los call centers, fuente de por lo menos 75 mil puestos laborales al 2012 en el país.

Otras de las ventajas de este proyecto es que promoverá el eficiente manejo de expedientes digitales y de la notificación electrónica; el desarrollo de la interoperabilidad y con ello de las ventanillas únicas; el adecuado manejo de las historias clínicas y por consiguiente de la privacidad e intimidad del paciente; la mejor protección de los datos de los consumidores y, finalmente, el crecimiento de los negocios en el marco de Doing Business.

Contenido en debate
La iniciativa, de ese modo, plantea disposiciones generales, principios rectores, alcances y limitaciones al tratamiento de datos personales, derechos del titular de datos personales, obligaciones del titular y del encargado del banco de datos personales. Además, crea y establece las funciones de una autoridad administrativa tutelar con competencia en la materia.

Regula asimismo los bancos de datos personales y diseña el régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables por la trasgresión de sus disposiciones, informó el sector justicia.

Dará liderazgo al Perú
De aprobarse esta normativa, por parte del Congreso de la República, se espera colocar al Perú entre los estados líderes en protección de datos personales, además de convertirse en un puerto seguro en la transferencia de datos personales, afirmó la jefa de la división de protección de datos personales y acceso a la información de Iriarte & Asociados, Cynthia Téllez Gutiérrez.

La iniciativa, dijo, contempla conceptos modernos y adecuados para la protección de datos personales, estableciendo principios, derechos y obligaciones más acordes a la realidad y necesidad de la sociedad peruana y de la exigencia de los estándares internacionales en materia de protección de datos personales.

La especialista, de ese modo, expresó su confianza en que el proyecto se convierta en un instrumento de real protección para el ciudadano y un impulso para el desarrollo de la normativa peruana en el ámbito de tratamientos de datos personales, como en temas de call centers, centrales de información, entre otros, a fin de desarrollar mercados seguros y atractivos en este ámbito.

Tener presente
El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido en el artículo 2, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, y se ha establecido como mecanismo de defensa del derecho al proceso de hábeas data.

La redacción de ambos cuerpos normativos son generales respecto a las obligaciones y facultades otorgados, por ello, era necesario la emisión de una normativa especializada que además otorgara a los administrados un proceso especializado, con plazos de cumplimiento efectivos y oportunos.

La propuesta en comentario prevé la creación del registro nacional de protección de datos personales y de la autoridad nacional de protección de datos personales, la cual será un organismo de control del cumplimiento, ejerciendo funciones administrativas, orientadoras, fiscalizadoras, sancionadoras de la ley, entre otras funciones.

EL PERUANO

03/06/2010

Los contratos administrativos de servicios para la Judicatura

Las labores reguladas por el Decreto Legislativo Nº 1057, que creó los contratos administrativos de servicios (CAS), son prestaciones personales de servicios remuneradas y subordinadas, que además merecen la aplicación de ciertos derechos y beneficios laborales reservados a quienes tienen un contrato de trabajo.

Así lo precisa una sentencia expedida por la Sala Mixta Itinerante de Moyobamba (Corte Superior de Justicia de San Martín), al resolver un caso en que un trabajador bajo el régimen del CAS, demandó su reposición al no haberse producido la renovación de su respectivo contrato.

Según el citado Colegiado, la no configuración de los CAS como contratos laborales a pesar de verificarse los elementos del contrato de trabajo, contradice la naturaleza tuitiva de la Constitución Política, que considera al trabajo como un derecho y como objeto de atención prioritaria del Estado.

Para la Sala, tal carácter tuitivo fundamenta la aplicación del principio de primacía de la realidad, que constituye un elemento decisivo al calificar la naturaleza de una relación jurídica, así como del art. 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que establece que en toda prestación de servicios subordinada y remunerada se presume la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado.

En el caso materia del proceso, la sala comprobó la presencia de los tres elementos esenciales de la relación laboral, por lo que a pesar de regularse la relación por un régimen ajeno al laboral, el reconocimiento de la dignidad del trabajador determina la aplicación de las normas tuitivas laborales, precisa un informe del área laboral del Estudio Miranda & Amado Abogados.

Si bien el art. 62 de la Constitución garantiza que los términos contractuales deben de ser respetados, una lectura sistemática de la Constitución conduce a concluir que la libre contratación tiene límites. Así, si el contrato se transforma en un mecanismo de distorsión de derechos laborales, entonces, se infringe un límite impuesto por la Constitución. En tal sentido, la sala reconoce el carácter laboral de la relación del demandante y, por tanto, dispone su reposición en el empleo, cita el documento.

EL PERUANO

03/06/2010

Villa Stein: Corrupción bajó a cero en distritos judiciales donde está vigente el CPP.

Lima, jun. 01 (ANDINA). El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Villa Stein, indicó que en aquellos distritos judiciales donde está vigente el nuevo Código Procesal Penal (CPP) la corrupción bajó de tal manera, que no registra casos de este tipo.
Precisó que los jueces deseaban que este cuerpo legal hubiera comenzado por Lima, tal como ocurrió cuando esta reforma fue implementada en Bogotá, Colombia.
“En los lugares donde está vigente el nuevo Código Procesal Penal no hay problema de carga (procesal), sino que tenemos queja y corrupción cero, la corrupción ha bajado enormemente”, afirmó.
Villa Stein manifestó que el PJ propuso como planteamiento alternativo, a la propuesta de adelantar el CPP en Lima para los casos de corrupción, que la Sala Penal Nacional Anticorrupción vea estos casos aplicando la reforma procesal penal, “pues el juzgamiento es muy rápido con esta modalidad”.
El CPP está vigente en 16 distritos judiciales del país, Huaura (2006), La Libertad (2007), Tacna, Moquegua y Arequipa (2008), Tumbes, Piura, Lambayeque, Puno, Cusco, Madre de Dios, Ica y Cañete (2009).
Mientras que este año, ya fue implementado en las Cortes Superiores de Cajamarca, Amazonas y San Martín desde abril de este año, en tanto, fue programado para octubre en Áncash y El Santa.
La Comisión de Implementación del CPP también programó para el próximo año la implementación en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en una primera fase; así como Huánuco, Pasco y Junín, en la segunda parte del año.
Por último, en el 2012 esta reforma entrará en vigencia en Ucayali y Loreto, a principios de año; dejando para el mes de octubre su puesta en marcha en Callao, Lima Norte y Lima.

ANDINA

Cancelación de deudas municipales en especies

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a una comuna limeña que efectúe el pago de tributos en especies, un modo de cancelación de deudas reconocida además por el propio Código Tributario, cuyo artículo 32 establece la posibilidad que en el caso de las municipalidades el pago y tasas se haga por este medio.

Así lo establece en la sentencia recaída en el Exp. N° 03977-2009-PA/TC, que declara fundada la demanda, la cual advertía no haberse respetado el procedimiento estipulado para dicho pago regulado por una ordenanza municipal, y que tratándose de bienes perecibles tampoco procedía dicha forma de extinción de la obligación y, mucho menos, cuando no existía una resolución firme que autorice el abono en especie. Al respecto, el colegiado sostuvo que si bien es cierto que no se podía evidenciar de manera clara los tributos cancelados con la entrega de especies anotados ni a qué período debería imputarse tales entregas como parte de pago; sin embargo, quedaba clara la existencia de un acuerdo de voluntades, celebrado de buena fe entre las partes, a fin de dar por canceladas las deudas contraídas por el demandante con la municipalidad así como la concreción de ese acuerdo. Por ello, estableció que a pesar de las limitaciones probatorias propias del amparo, preexiste una obligación de la municipalidad de formalizar el acuerdo que consta en autos y practicar la liquidación correspondiente, para luego proceder a iniciar el procedimiento administrativo de la deuda tributaria o saldo que resultase. Esto porque no se evidenciaba la existencia del requisito administrativo de determinación de la deuda, sino más bien la existencia de un proceso coactivo que por su naturaleza (ejecutabilidad) solo estaría dirigido al cobro, cuando ya se ha determinado la deuda tributaria y agotado el recurso que la ley otorga al administrado. ía sido cancelada, como lo afirmaba el demandado, el TC señaló que ello no sería posible en ningún caso, ya que esa no es la finalidad del proceso de ejecución coactiva, en que no se determina una deuda, sino, por el contrario, se aseguraba el pago de una deuda ya determinada.

EL PERUANO
28/05/2010