8/6/08

La simplificación administrativa y el silencio positivo

Nilda Rojas Bolívar
Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros
El Gobierno ha iniciado la reforma del Estado con la simplificación administrativa como uno de sus ejes. El objetivo es poner el Estado al servicio del ciudadano. El gran tema que entra por los ojos y la vida de los ciudadanos es la agilización y simplificación de los trámites, que son el punto de contacto del Estado con la sociedad. La Ley del Silencio Administrativo Positivo marca un importante cambio, al colocar cabalmente al ciudadano como centro de la atención y objetivo de un Estado que debe estar a su servicio. Resulta difícil para el habitante común percibir los cambios que esta ley trae consigo. Hay algunos avances administrativos en ministerios y organismos públicos del Ejecutivo, llamados a tener incidencia clara en las tareas cotidianas. lrededor de dos mil 549 mejoras se refieren a reducciones de requisitos, plazos, tasas, aplicación del silencio positivo... El camino es todavía largo y afronta muchos retos, pero lo hecho es un gran adelanto. Es indudable que esta ley, al igual que la simplificación administrativa en sí misma, apunta a objetivos estratégicos como promover la competitividad, el clima de negocios y la inversión privada, pero, además, busca eliminar la corrupción interna y la que se genera en torno a las entidades públicas, porque el ciudadano tiene pocas posibilidades de acelerar trámites, inclusive aquellos de fácil acceso y pocos requerimientos. Con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se ha iniciado la institucionalización de la racionalización y simplificación administrativa, que forma parte del Sistema de Modernización de la Gestión Pública. Este sistema debe asumir la rectoría de las políticas públicas desde la Presidencia del Consejo de Ministros, paso que implica fortalecer la institucionalidad para la reforma que requieren las entidades a fin de acercar los servicios y procedimientos al ciudadano. Otro aspecto importante es la revisión de la Ley General de Procedimientos Administrativos -Ley N° 27444-, para colocar la atención en los procesos y servicios que demandan mayor aplicación del silencio positivo: mejorar los mecanismos de acceso al ciudadano, generar posibilidades de notificación con preferencia de medios magnéticos y electrónicos, y metodologías para el menor costo de los procedimientos de acuerdo con las entidades (ministerios, gobiernos locales) en la administración pública. Asimismo, promover estrategias de acercamiento territorial desde el Gobierno a través de otras entidades, avanzando a importantes esfuerzos de simplificación administrativa: Mi Empresa (programa de facilitación a la formalización del micro y pequeño empresario del Ministerio de Trabajo), Tramifácil (Mesa Nacional de Simplificación de Trámites Municipales para Empresas - Intermesa), Exporta Fácil (Ministerio de Transportes) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). La simplificación requiere de seguimiento y evaluación para ver si las mejoras introducidas significan un mejor servicio. Constatar si efectivamente se da el cambio radical deseable en la actitud de funcionarios y autoridades, de acuerdo con su responsabilidad de promover en sus entidades una infraestructura pública moderna, capacitada y dispuesta a brindar servicios y procedimientos de calidad, menos engorrosos. Que sean justos y se den en el tiempo en que realmente han de darse.
EL PERUANO 27-02-2008