Resoluciones judiciales firmes y procedencia del amparo

Que conforme lo establece el artículo 4º del Código Procesal Constitucional, procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma manifiesta la tutela procesal efectiva. Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene dicho que una resolución adquiere carácter firme cuando se ha agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada (Cf. STC 2494-2005-AA/TC, fundamento 16). En este sentido, también ha dicho que por “(…) resolución judicial firme, debe entenderse a aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia” (STC 4107-2004-HC/TC, fundamento 5).

En esta última sentencia también ha efectuado excepciones a esta norma al señalar:

“.. En base a la aplicación análoga de las excepciones que respecto al agotamiento de los recursos internos contiene la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en la jurisprudencia que sobre este tema ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988. Corte I.D.H.,Caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989.Corte I.D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia de 15 de marzo de 1989), este Tribunal puede señalar, enunciativamente, las siguientes criterios de excepción : a) que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que depara el proceso judicial de la materia, b) que haya retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso, c) que por el agotamiento de los recursos pudiera convertirse en irreparable la agresión, d) que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados para su resolución”.

A modo de ejemplo podemos mencionar el EXP. N.° 00640-2010-PA/TC, en el caso SATURNINO DEMETRIO CUEVAS ROJAS, donde el TC ha resuelto:

" Efectivamente, de autos se aprecia que la resolución judicial que supuestamente le causa agravio al recurrente es la de fecha 23 de diciembre 2009, expedida por la Segunda Sala Civil del Cuzco, que en grado de apelación confirmó la desestimación de su demanda laboral. Dicha resolución de acuerdo al expediente que obra en este Tribunal, no fue impugnada mediante el recurso de casación por ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, tal como lo establecen las ejecutorias supremas obrantes en autos (Casación N° 270-2003-HUÁNUCO, Casación N° 1659-2003-PIURA, Casación N° 790-2002-ICA, entre otras, que incorporan la causal de casación por contravención de las normas que garantizan el debido proceso); por el contrario, fue consentida, constituyéndose el recurso de casación –de haberse interpuesto– en el medio idóneo y eficaz para lograr el fin perseguido por el recurrente “la correcta interpretación y aplicación de los convenios colectivos”, invocando para dicho efecto la causal de afectación del derecho al debido proceso. Sin embargo, el recurrente no interpuso el recurso de casación. En consecuencia, siguiendo el criterio expuesto por este Colegiado en el Expediente Nº 03951-2008-PA/TC, dicha resolución no reviste firmeza, resultando improcedente la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Código Procesal Constitucional, que sanciona la improcedencia de la demanda “(…) cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo”. Resolver contrariamente a ello supondría convertir al proceso de amparo contra resoluciones judiciales en un medio para subsanar deficiencias procesales o eventuales descuidos en la defensa de alguna de las partes en el trámite regular de un proceso judicial, cuestión esta que la justicia constitucional no debe permitir.

Requisitos para la procedencia de la Acción de Cumplimiento

El Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el expediente N.º 168-2005-PC, que constituye precedente vinculante conforme a lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, ha precisado los requisitos mínimos comunes que debe reunir el mandato contenido en una norma legal, en un acto administrativo y/o en una orden de emisión de una resolución, a fin de que estos sean exigibles a través del proceso constitucional de cumplimiento.

Que dichos requisitos exigen, adicionalmente a la renuencia del funcionario o autoridad pública, que el mandato contenido, sea en una norma legal, en un acto administrativo y/o en una orden de emisión de una resolución, deba: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; e) ser incondicional. Asimismo, podrá tratarse un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, el mandato en tales actos deberá: a) reconocer un derecho incuestionable del reclamante y b) permitir individualizar al beneficiario.

Sentencia del TC EXP. N.° 00792-2010-PA/TC

Parte pertinente de la Sentencia del TC donde se establece la improcedencia de la acción de amparo en materia laboral indivudal por exisitir una via adecuada e igualmente satisfactoria como es Contencioso Administrativo.

3. Que, conforme al considerando precedente, este Tribunal ha modificado sustancialmente su competencia para conocer controversias derivadas de materia laboral individual, sean éstas privadas o públicas. Por tanto, teniéndose en cuenta que habiendo sido la demandante personal dependiente de la Administración Pública y al habérsele impuesto la sanción disciplinaria de destitución, la presente pretensión deberá dilucidarse en la vía contencioso-administrativa por ser idónea, adecuada e igualmente satisfactoria para resolver las controversias laborales públicas que se derivan de derechos reconocidos por la ley, tales como “nombramientos, impugnación de adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración con motivo de la Ley N.º 27803, entre otros” (Cfr STC 0206-2005-PA, fundamento 23) (subrayado agregado).

TC se pronuncia sobre abandono de trabajo

COLEGIADO. Establece los requisitos para su configuración como falta grave

Debe tomarse en cuenta la voluntad propia del trabajador

Así también la inexistencia de motivo objetivo que lo fuerce

El Tribunal Constitucional (TC) determinó los requisitos para la configuración del abandono de trabajo como falta grave.

Mediante el pronunciamiento recaído en el Expediente 01177-2008-PA/TC, dicho colegiado señaló como requisito indispensable para su configuración que el trabajador, por voluntad propia, decida no asistir a su centro de trabajo y no exista un motivo objetivo que fuerce la voluntad del trabajador.

Análisis

En su reciente informativo REM Laboral Informa, Rodrigo, Elias & Medrano Abogados detalla que el TC en este caso de acción de amparo consideró que dado que el trabajador César Samuel López Catasus justificó ante su empleador: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura y Transportes de Uso Público (Ositran) su inasistencia a laborar con un certificado suscrito por un médico particular, ello no puede considerarse una falta grave pues existe un “motivo real”.

En opinión del colegiado el abandono de trabajo se entiende como la inasistencia injustificada por más de tres días consecutivos a realizar labores, hecho que para configurar la falta grave prevista en el inciso h) del artículo 25 del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 728 requiere que el trabajador por propia voluntad se determine a inasistir a su centro de labores.

Es así que advierte que en tanto exista un motivo objetivo que fuerce la voluntad del trabajador de asistir a su centro de labores dicha falta grave no se configura.

En el caso materia de análisis, detalla el mencionado bufete, el demandante de la acción de amparo César Samuel López Catasus demuestra que su inasistencia a laborar estuvo justificada mediante certificado de descanso médico.

Si bien suscrita por un médico particular, para el TC esto es suficiente para justificar la inasistencia del demandante a su centro de labores. “Ello también involucra una aplicación del principio de primacía de la realidad: si el trabajador logra demostrar la existencia de un motivo real que justifique su ausencia ésta no debería considerarse como base para imputarle una falta grave”, subraya el colegiado.

Pronunciamiento

El TC declaró fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por López Catasus debido a que se acreditó la vulneración de los derechos constitucionales del demandante al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario. Así también ordenó al demandado: Ositran, que cumpla con reponer al demandado en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel, en el plazo de dos días hábiles.

EL PERUANO

Minjus promueve trabajo conjunto entre Fiscalía y PNP en nuevo Código Procesal Penal

Lima, jun. 28 (ANDINA). A través de talleres sobre “La investigación del delito con el nuevo Código Procesal Penal (CPP)”, la Secretaría Técnica de Implementación del CPP, promueve el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en los distritos judiciales donde ya se aplica la reforma procesal penal.

Ambas instituciones comprenden ahora que su trabajo coordinado y profesional ayudará con la investigación del delito y a combatir eficazmente el crimen en beneficio de la sociedad.

“Hemos realizado tres talleres de este tipo en las ciudades de Piura, Trujillo y Arequipa, con muy buenos resultados, pues se han llegado a diversos acuerdos que facilitarán y promoverán el trabajo conjunto de fiscales y policías, tal como lo requiere el CPP”, dijo el secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del CPP, Rafael Donaire Otárola.

En los talleres se trabajaron temas como “Manejo de la escena del crimen y actuaciones urgentes de la Policía Nacional”, “Realización de pericias y cadenas de custodia” y “Restricción de derechos y medidas de coerción procesal”.

Para cada uno de estos temas se abordó el papel específico que juegan cada uno de estos dos actores y se resaltó que la Policía Nacional y el Ministerio Público deben trabajar de manera coordinada y conjunta, señala una nota de prensa del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del CPP no sólo fomenta el trabajo conjunto entre los operadores de justicia, también refuerza la capacitación mediante cursos básicos con énfasis en la simulación de audiencias y el refuerzo de las técnicas de litigación oral, los cuales están dirigidos a jueces, fiscales, defensores públicos, policías y abogados privados, en forma totalmente gratuita.

Al respecto, el coordinador del área de Capacitación de la STI-CPP, Carlos Maillard Reyes, indicó que durante 2010 ya se han realizado cursos básicos en los distritos judiciales de Cusco, Puno, Madre de Dios y Cajamarca, estando próximos a realizarse también en los distritos judiciales de Amazonas y San Martín.

ANDINA

“Justicia actúa con blandura ante terrorismo”

Sí existe regulación legal para actos de apología, pero las penas son mínimas, señala.

El ex presidente de la Sala Nacional Antiterrorista, Marcos Ibazeta, señaló a EXPRESO que si bien es cierto que el Tribunal Constitucional (TC) declaró que no podía existir doble regulación para casos de apología al terrorismo, actualmente el Código Penal tiene un marco regulatorio para este tipo de delito, pero la pena que se otorga es mínima, incluso sobre la sentencia ya ínfima podría darse una reducción mayor debido a la “blandura” con que el sistema de justicia actúa.

Actitud de siempre

“El TC señaló que no podía haber doble regulación, dictaminó inconstitucional el tipo penal de apología en el Decreto Legislativo 25475, el cual establecía penas muy altas porque, según manifiestan, ya estaba este delito regulado por el Código Penal, y dejaron que este marco normativo regule este delito con una pena mínima de seis años”, dijo

En este sentido, señaló que esta ley alcanzaba a todos los condenados por apología y al ser juzgados nuevamente podría aplicarse la normativa. Por ello, dijo que el sistema de justicia y el gobierno siempre han actuado con “blandura”, y esta flexibilidad hizo que al ampliarse el tipo penal en el Código, la figura de apología agravada sólo llegue a una pena máxima de 12 años.

Apología es agravio

Ibazeta, expresó que surge una gran indignación porque la apología no es un delito leve, y con el Decreto Ley 25475, si hubiese estado vigente, se podría aplicar a los infractores una pena de 25 años de prisión. Ahora, este delito de propaganda, de exaltación de los crímenes terroristas, puede ser cometido cuando sea, donde sea, y por quien sea, ya que cualquier persona que lo haga recibirá una pena mínima, máxime si con el criterio con el que actualmente se manejan los jueces dicha pena mínima aún podrá ser reducida mucho más, convirtiéndose en una sanción absolutamente menor, ridícula en proporción a la falta.

Máximos y mínimos

De esta forma, Ibazeta resaltó que la regulación actual a la apología senderista en el Código Penal contiene una pena máxima de 12 años y una pena mínima de seis a ocho años, lo que consideró “una sentencia que no asusta a nadie”.

El dato

Finalmente, el abogado señaló que “lo más importante es que nuestro sistema de justicia entienda que exaltar la ideología de Abimael, no es cualquier cosa, significa exaltar el terrorismo, es hacer públicas las ideas destructivas". "Lamentablemente no sabemos cómo este monstruo está actuando”, refirió.

EXPRESO

Opción sexual y limitación física no debe ser obstáculo para ser juez o fiscal.

La opción sexual o la limitación física no debe ser un obstáculo para que una persona asuma el rol de juez o fiscal, coincidieron los candidatos al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Miguel Saravia Rojas (Odontólogos) y Carlos Hurtado Criado (Contadores Públicos del Callao).

“Yo sí estoy plenamente de acuerdo, yo creo que el siglo XXI ha significado un nuevo reto para los profesionales y nuevo reto significa aceptarnos tal cual somos, por lo tanto no tengo ninguna observación de fondo y de forma. Habría que ver la legislación correspondiente para facilitar eso, yo creo que el tema de religión, de elección sexual, no debe ser limitación para nadie”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Y es más lucharemos desde el Consejo Nacional de la Magistratura para promover eso. Hay el caso de los ciegos. ¿Por qué un abogado ciego no puede llegar un espacio visible, teniendo competencias, habilidad y destreza para hacerlo?, agregó.

A su turno, Hurtado Criado, dijo que la discapacidad y la opción sexual no deberían ser un impedimento para aquellos que desean formar parte del sistema de justicia. Mencionó que lo que se requiere es que los jueces, fiscales o consejeros sean honestos y tengan vocación de servicio.

“Es un tema bastante interesante porque para ejercer el cargo de consejero, no se trata de si es gay o es ciego, o si es una persona común y corriente, lo importante es si es honesto, si es que tienen vocación de servicio, si es que realmente quiere ser consejero para servir a la sociedad, para cumplir con el mandato de la Constitución, que es seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales”, declaró.

“Es el mismo caso, sea juez o fiscal, el asunto es que sean honestos, que tengan la vocación de servicio, convicción de justicia y el deseo de que se cumpla la ley y el mandato de la justicia”, acotó.

LA REPUBLICA

Policía Nacional tiene un rol fundamental en el buen funcionamiento del CPP, afirma Echaiz.

Lima, jun. 06 (ANDINA).
La fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, afirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene un rol fundamental en el buen funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal (CPP), el cual, ya está vigente en 16 distritos judiciales del país.

Durante el II Foro internacional, Prospectiva del orden interno para el desarrollo nacional, la titular del Ministerio Público (MP) expuso sobre la optimización de la coordinación entre esta institución y la PNP.

“Si bien los Fiscales van a dirigir las investigaciones, la Policía tiene un rol fundamental en este sistema procesal, ya que su función de custodia, intervención y propia investigación la seguirán ejecutando; y esto enmarca una responsabilidad compartida de trabajo entre ambas entidades”, indicó.

Echaiz señaló que en la aplicación del CPP es necesario que la Policía “haga respetar la cadena de custodia” para que la prueba “no se contamine, efectuando un registro único de todos los que manipulan la prueba.

Asimismo, manifestó que la Constitución Política, propone políticas de persecución del delito, y en esto el MP está trabajando con jóvenes en riesgo, dándoles alternativas de preparación académica y laboral.

De esta manera, añadió, podrá evitarse la elevación del índice criminal en el país, “porque se sabe muy bien que la cárcel no re-socializa, por eso se debe trabajar con quienes están en ese camino y ayudarlos”.

Posteriormente, Echaiz Ramos anotó que la Policía participará en la parte preparatoria de la investigación, coordinando hipótesis de trabajo para la elaboración de la teoría del caso y que es necesario respetar la independencia de la función jurisdiccional para ejercer el estado de derecho.

ANDINA.

TC reitera posición sobre trabajadores de confianza

Jurisprudencia. decisión del colegiado enfatiza la improcedencia de reponer a este personal

Falta analizar efectos de la estabilidad laboral en estos fallos, advierten
Igual las implicancias de reponer en un puesto inferior a la promoción

César Puntriano Rosas
Abogado

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la protección contra el despido arbitrario de los trabajadores de confianza ha sido modificada en el tiempo, pues pasó de permitir a todo trabajador, sea de confianza o no, reponerse en el empleo, a una restricción total a la reposición del personal de confianza, para actualmente establecer diferencias entre los trabajadores de confianza desde el inicio y los promovidos.

Inicialmente, en los pronunciamientos recaídos en los Exp. N° 1124-2001-AA/TC, 976-2001-AA/TC, el TC no efectuó diferencia alguna al señalar que ante despidos incausados, nulos o fraudulentos, los trabajadores podían acceder a la reposición mediante una acción de amparo. Después, en los Exp. N° 746-2003-AA/TC, 4492-2004-AA/TC, 2358-2005-PA/TC, sostuvo que si el demandante poseía la condición de un trabajador de confianza, no le correspondía la reposición en su puesto de trabajo sino solamente la indemnización.

Luego, el criterio nuevamente cambió, y a partir de las sentencias en los Exp. N° 03501-2006-PA/TC y 03926-2007-PA/TC, el TC afirmó que el retiro de confianza era una causa de despido y que solamente si el trabajador había sido promovido de un cargo de no confianza (común) a uno de confianza podía ser repuesto en el cargo previo. No se contempló posibilidad de pago indemnizatorio alguno.

Siguiendo esta corriente el tribunal ha manifestado en la sentencia recaída en el Exp. N° 1042-2007-PA/TC que la designación en un cargo de confianza es temporal y no conlleva estabilidad laboral, operando la conclusión en la designación como una causa justa de despido. Este pronunciamiento agravia el derecho al trabajo de los trabajadores de confianza pues la “pérdida de confianza” no es una causa justa de despido en el ordenamiento laboral peruano.

Resulta inapropiado sostener que el trabajador que ocupa un cargo de confianza carece de estabilidad pues en tanto trabajador y titular del derecho puede impugnar el retiro de confianza obteniendo judicialmente una reparación económica. Los trabajadores de confianza gozan de la llamada “estabilidad relativa” pues si su despido no obedece a una causa justa legal, como sucede con el denominado “retiro de confianza”, podrán ser indemnizados.

Nuevos despidos
El Tribunal, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 01581-2008-PA/TC, señaló que resulta imposible reponer a un trabajador despedido por pérdida de confianza al haber la agresión devenido en irreparable, pues en dicho caso, después de haberse repuesto provisionalmente al ex trabajador en su cargo debido a la medida cautelar que se dictó en el proceso de amparo, la empresa demandada lo despidió nuevamente. Invocando, esta vez, la comisión de una falta grave prevista en la ley, basada en hechos distintos a los que dieron origen al proceso de amparo.

Precisiones

El TC mantiene su posición sobre la estabilidad laboral de los trabajadores de confianza, sin analizar los efectos de sus fallos.

Pero no dice nada sobre las consecuencias de reponer a una persona en un puesto inferior a la promoción al cargo de confianza, como las que se generarían en materia salarial y lo que sucede si el puesto inferior ya se encuentra ocupado por otro trabajador.

Queda claro que, por lo menos, si el trabajador repuesto provisionalmente a través de una medida cautelar es despedido por falta grave, el proceso de amparo en el que se dictó la cautelar deberá ser archivado.

EL PERUANO

22/06/2010

Prohíben ingreso de autos usados

JURISPRUDENCIA. mtc podrá demandar nulidad de procesos que desde noviembre de 2008 hayan permitido este arribo al país

Jueces ya no pueden autorizar la importación de estos vehículos al país
Resoluciones judiciales contrarias carecerán de toda eficacia, afirma TC

Todas aquellas medidas cautelares que hayan inaplicado la legislación sobre la prohibición de la libre importación de autos usados y que hayan posibilitado el ingreso de estos vehículos al país, desde el pasado 6 de noviembre de 2008, carecen de eficacia, determinó el Tribunal Constitucional (TC), tras ordenar a los jueces del Poder Judicial que ya no podrán autorizar la libre importación de estas unidades.

En efecto, en la sentencia recaída en el Expediente N° 05961-2009-PA/TC, el tribunal estableció como precedente vinculante cuatro importantes reglas. Primero, que las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados son constitucionales, por lo que no pueden ser inaplicadas en ninguna clase de proceso por los jueces del Poder Judicial.

Luego, que las resoluciones judiciales que hayan inaplicado las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados son eficaces y ejecutables hasta el 5 de noviembre de 2008. Tercero, que a partir del 6 de noviembre de 2008, todas las resoluciones judiciales que hayan inaplicado las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados son ineficaces por contravenir la uniforme y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Acciones

Por último, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, excepcionalmente, tiene habilitado el plazo de prescripción para demandar vía el proceso de amparo, la nulidad de las resoluciones judiciales emitidas a partir del 6 de noviembre de 2008, que hayan inaplicado las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados.

Seguridad jurídica y la judicatura

Para el TC, si bien el conocimiento de los procesos constitucionales de la libertad constituye una competencia compartida entre el Poder Judicial y este colegiado, en materia de procesos constitucionales existe una relación de grado inferior de aquél con respecto a éste, por el hecho de que el tribunal es instancia final de fallo ante las resoluciones denegatorias del PJ en los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento e instancia única, final y definitiva en los procesos de inconstitucionalidad y de competencia.

En este contexto, advierte que las resoluciones judiciales firmes que hayan inaplicado el D. Leg. Nº 843 o los DS Nº 045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC, o los DU Nº 079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052-2008, generan un conflicto entre el principio de seguridad jurídica y la garantía de la cosa juzgada constitucional.

¿Por qué el 6 de noviembre?

El Tribunal Constitucional estableció que el 6 de noviembre de 2008 es la fecha de ineficacia de las resoluciones judiciales que inaplican las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados, porque a partir de la citada fecha, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es uniforme y reiterada, a pesar de que con anterioridad había emitido dos sentencias en las que se reafirmó la constitucionalidad de las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados.

Garantizan el debido proceso

El tribunal justificó su decisión con carácter vinculante, del siguiente modo.

En el proceso se comprobó la existencia de medidas cautelares que inaplicaban las normas que regulan los requisitos para la importación de autos usados, a pesar de que el TC en uniforme y reiterada jurisprudencia había establecido que dichos requisitos legales eran conforme con la Constitución, por lo que no podían ser inaplicados.

Prefirió declarar la ineficacia de las resoluciones judiciales que contravienen la uniforme jurisprudencia del TC y no su nulidad, a fin de garantizar el debido proceso.

Por la razón de que no se declaró la nulidad de las resoluciones judiciales, es que se ha habilitado, excepcionalmente, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el plazo de prescripción para que pueda demandar vía el proceso de amparo la nulidad de las resoluciones judiciales que inaplicaron las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados.

EL PERUANO

19/06/2010

Seguridad en datos personales

AVANCE. propuesta del ejecutivo facilitará el eficiente manejo de expedientes digitales y de la notificación electrónica

Aprueban proyecto contra informalidad en información por Internet
De aprobarse norma, impulsará comercio internacional y electrónico

Para proteger la vida privada de las personas frente a una probable agresión causada por el mal uso de datos personales que se realiza a través de la informática, el Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley destinado a garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales.

Dicha iniciativa legal, elaborada por el Ministerio de Justicia, busca facilitar el desarrollo del comercio internacional y electrónico de datos personales, particularmente con los países miembros de la Unión Europea, a los que se exige que la transferencia de estos datos de sus conciudadanos se efectúe sólo a terceros países que garanticen un nivel de protección adecuado.

También permitirá el crecimiento de la provisión transfronteriza de servicios, que incluye el negocio de los call centers, fuente de por lo menos 75 mil puestos laborales al 2012 en el país.

Otras de las ventajas de este proyecto es que promoverá el eficiente manejo de expedientes digitales y de la notificación electrónica; el desarrollo de la interoperabilidad y con ello de las ventanillas únicas; el adecuado manejo de las historias clínicas y por consiguiente de la privacidad e intimidad del paciente; la mejor protección de los datos de los consumidores y, finalmente, el crecimiento de los negocios en el marco de Doing Business.

Contenido en debate
La iniciativa, de ese modo, plantea disposiciones generales, principios rectores, alcances y limitaciones al tratamiento de datos personales, derechos del titular de datos personales, obligaciones del titular y del encargado del banco de datos personales. Además, crea y establece las funciones de una autoridad administrativa tutelar con competencia en la materia.

Regula asimismo los bancos de datos personales y diseña el régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables por la trasgresión de sus disposiciones, informó el sector justicia.

Dará liderazgo al Perú
De aprobarse esta normativa, por parte del Congreso de la República, se espera colocar al Perú entre los estados líderes en protección de datos personales, además de convertirse en un puerto seguro en la transferencia de datos personales, afirmó la jefa de la división de protección de datos personales y acceso a la información de Iriarte & Asociados, Cynthia Téllez Gutiérrez.

La iniciativa, dijo, contempla conceptos modernos y adecuados para la protección de datos personales, estableciendo principios, derechos y obligaciones más acordes a la realidad y necesidad de la sociedad peruana y de la exigencia de los estándares internacionales en materia de protección de datos personales.

La especialista, de ese modo, expresó su confianza en que el proyecto se convierta en un instrumento de real protección para el ciudadano y un impulso para el desarrollo de la normativa peruana en el ámbito de tratamientos de datos personales, como en temas de call centers, centrales de información, entre otros, a fin de desarrollar mercados seguros y atractivos en este ámbito.

Tener presente
El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido en el artículo 2, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, y se ha establecido como mecanismo de defensa del derecho al proceso de hábeas data.

La redacción de ambos cuerpos normativos son generales respecto a las obligaciones y facultades otorgados, por ello, era necesario la emisión de una normativa especializada que además otorgara a los administrados un proceso especializado, con plazos de cumplimiento efectivos y oportunos.

La propuesta en comentario prevé la creación del registro nacional de protección de datos personales y de la autoridad nacional de protección de datos personales, la cual será un organismo de control del cumplimiento, ejerciendo funciones administrativas, orientadoras, fiscalizadoras, sancionadoras de la ley, entre otras funciones.

EL PERUANO

03/06/2010

Los contratos administrativos de servicios para la Judicatura

Las labores reguladas por el Decreto Legislativo Nº 1057, que creó los contratos administrativos de servicios (CAS), son prestaciones personales de servicios remuneradas y subordinadas, que además merecen la aplicación de ciertos derechos y beneficios laborales reservados a quienes tienen un contrato de trabajo.

Así lo precisa una sentencia expedida por la Sala Mixta Itinerante de Moyobamba (Corte Superior de Justicia de San Martín), al resolver un caso en que un trabajador bajo el régimen del CAS, demandó su reposición al no haberse producido la renovación de su respectivo contrato.

Según el citado Colegiado, la no configuración de los CAS como contratos laborales a pesar de verificarse los elementos del contrato de trabajo, contradice la naturaleza tuitiva de la Constitución Política, que considera al trabajo como un derecho y como objeto de atención prioritaria del Estado.

Para la Sala, tal carácter tuitivo fundamenta la aplicación del principio de primacía de la realidad, que constituye un elemento decisivo al calificar la naturaleza de una relación jurídica, así como del art. 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que establece que en toda prestación de servicios subordinada y remunerada se presume la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado.

En el caso materia del proceso, la sala comprobó la presencia de los tres elementos esenciales de la relación laboral, por lo que a pesar de regularse la relación por un régimen ajeno al laboral, el reconocimiento de la dignidad del trabajador determina la aplicación de las normas tuitivas laborales, precisa un informe del área laboral del Estudio Miranda & Amado Abogados.

Si bien el art. 62 de la Constitución garantiza que los términos contractuales deben de ser respetados, una lectura sistemática de la Constitución conduce a concluir que la libre contratación tiene límites. Así, si el contrato se transforma en un mecanismo de distorsión de derechos laborales, entonces, se infringe un límite impuesto por la Constitución. En tal sentido, la sala reconoce el carácter laboral de la relación del demandante y, por tanto, dispone su reposición en el empleo, cita el documento.

EL PERUANO

03/06/2010

Villa Stein: Corrupción bajó a cero en distritos judiciales donde está vigente el CPP.

Lima, jun. 01 (ANDINA). El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Villa Stein, indicó que en aquellos distritos judiciales donde está vigente el nuevo Código Procesal Penal (CPP) la corrupción bajó de tal manera, que no registra casos de este tipo.
Precisó que los jueces deseaban que este cuerpo legal hubiera comenzado por Lima, tal como ocurrió cuando esta reforma fue implementada en Bogotá, Colombia.
“En los lugares donde está vigente el nuevo Código Procesal Penal no hay problema de carga (procesal), sino que tenemos queja y corrupción cero, la corrupción ha bajado enormemente”, afirmó.
Villa Stein manifestó que el PJ propuso como planteamiento alternativo, a la propuesta de adelantar el CPP en Lima para los casos de corrupción, que la Sala Penal Nacional Anticorrupción vea estos casos aplicando la reforma procesal penal, “pues el juzgamiento es muy rápido con esta modalidad”.
El CPP está vigente en 16 distritos judiciales del país, Huaura (2006), La Libertad (2007), Tacna, Moquegua y Arequipa (2008), Tumbes, Piura, Lambayeque, Puno, Cusco, Madre de Dios, Ica y Cañete (2009).
Mientras que este año, ya fue implementado en las Cortes Superiores de Cajamarca, Amazonas y San Martín desde abril de este año, en tanto, fue programado para octubre en Áncash y El Santa.
La Comisión de Implementación del CPP también programó para el próximo año la implementación en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en una primera fase; así como Huánuco, Pasco y Junín, en la segunda parte del año.
Por último, en el 2012 esta reforma entrará en vigencia en Ucayali y Loreto, a principios de año; dejando para el mes de octubre su puesta en marcha en Callao, Lima Norte y Lima.

ANDINA

Cancelación de deudas municipales en especies

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a una comuna limeña que efectúe el pago de tributos en especies, un modo de cancelación de deudas reconocida además por el propio Código Tributario, cuyo artículo 32 establece la posibilidad que en el caso de las municipalidades el pago y tasas se haga por este medio.

Así lo establece en la sentencia recaída en el Exp. N° 03977-2009-PA/TC, que declara fundada la demanda, la cual advertía no haberse respetado el procedimiento estipulado para dicho pago regulado por una ordenanza municipal, y que tratándose de bienes perecibles tampoco procedía dicha forma de extinción de la obligación y, mucho menos, cuando no existía una resolución firme que autorice el abono en especie. Al respecto, el colegiado sostuvo que si bien es cierto que no se podía evidenciar de manera clara los tributos cancelados con la entrega de especies anotados ni a qué período debería imputarse tales entregas como parte de pago; sin embargo, quedaba clara la existencia de un acuerdo de voluntades, celebrado de buena fe entre las partes, a fin de dar por canceladas las deudas contraídas por el demandante con la municipalidad así como la concreción de ese acuerdo. Por ello, estableció que a pesar de las limitaciones probatorias propias del amparo, preexiste una obligación de la municipalidad de formalizar el acuerdo que consta en autos y practicar la liquidación correspondiente, para luego proceder a iniciar el procedimiento administrativo de la deuda tributaria o saldo que resultase. Esto porque no se evidenciaba la existencia del requisito administrativo de determinación de la deuda, sino más bien la existencia de un proceso coactivo que por su naturaleza (ejecutabilidad) solo estaría dirigido al cobro, cuando ya se ha determinado la deuda tributaria y agotado el recurso que la ley otorga al administrado. ía sido cancelada, como lo afirmaba el demandado, el TC señaló que ello no sería posible en ningún caso, ya que esa no es la finalidad del proceso de ejecución coactiva, en que no se determina una deuda, sino, por el contrario, se aseguraba el pago de una deuda ya determinada.

EL PERUANO
28/05/2010

La importación de vehículos usados

OPINIÓN. FALLOS DEL PODER JUDICIAL DEBEN RESPETAR NORMAS VIGENTES

Las normas buscan regular la renovación del parque automotor
Medidas cautelares favorecen a empresas y no a la vida y salud

Neydi Rocío Cárdenas Pajuelo
Registradora Pública (*)

En la actualidad el Estado apuesta por la renovación del parque automotor evitando el ingreso de vehículos usados, siniestrados o que puedan causar perjuicios a la postre a toda la colectividad, pues como ya se ha visto la ola de accidentes que afectan al país no sólo se produce por la falta de respeto a las normas de tránsito, la imprudencia o la falta de pericia de los conductores, sino también por el estado en el que se encuentran los vehículos que prestan servicio de transporte urbano, interurbano o interprovincial.

Es por ello que se ha venido dictando una serie de normas que regulan la antigüedad de los vehículos y que establecen los requisitos mínimos de calidad para la importación de vehículos automotores de transporte terrestre usados de carga y pasajeros, las cuales se inician con la dación del D. Leg N° 843, y el que con el transcurso del tiempo ha sufrido diversos cambios. Dicha norma establece requisitos mínimos de calidad como son: la antigüedad, el kilometraje, que el vehículo no sea considerado siniestrado, que cuente con timón a la izquierda y que las emisiones contaminantes de los vehículos no superen los límites máximos permisibles establecidos en las leyes vigentes. Luego, fue publicado el DU N° 079-2000 por el cual se suspendía el ingreso a los CETICO de los vehículos automotores usados de transporte de pasajeros con más de nueve asientos y transporte de carga con peso bruto vehicular mayor a 3,000 kilogramos, la cual es posteriormente modificada hasta la actualidad, por lo que hoy no es posible la importación al país de vehículos usados con motor de encendido por compresión (diesel y otros) con excepción de los vehículos de categoría M3 para transporte de pasajeros y N3 para transporte de carga cuya antigüedad no será mayor de dos años. Es por ello que algunos de los importadores de vehículos usados recurrieron al Poder Judicial a fin de obtener una acción de amparo o medida cautelar que hiciese viable la nacionalización de dichos vehículos a pesar de encontrarse evidentemente en contra no sólo de las normas vigentes sino también del fin último de las mismas.

Crítica a sentencias

Las decisiones del TC son observadas porque el Decreto de Urgencia citado y las sucesivas modificaciones apuntan a proteger la vida y la salud privilegiando el interés público, y no atentan contra la libertad contractual pues los importadores podrían contratar sobre otros bienes que cumplan con lo establecido en las normas, ya que lo que dichos importadores buscaban –y han encontrado– es la puerta de ingreso al país de vehículos cuya importación se encuentra ostensiblemente prohibida. Estos fallos han generado que, tomándose como base los mismos, se dicten medidas cautelares con los mismos fines favoreciendo así el ingreso de vehículos, en algunos casos, con más de 10 años de antigüedad.

El problema de este ingreso no termina en la nacionalización de dichos vehículos sólo en mérito al cumplimiento de una medida judicial sino que se genera un nuevo problema al solicitarse la inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. ¿Es posible cuestionar la inscripción de un vehículo que ya se encuentra nacionalizado? A nuestro criterio, sí, pues el fallo obedece a un proceso en el cual no ha sido parte la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y por lo tanto no existe mandato que acatar, máxime si se puede apreciar dichas medidas son de carácter provisional, que no han sido otorgadas para cada caso específico y que están irremediablemente en contra de la misma posición del Estado, que actualmente incluso –según lo declarado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones– se encuentra en proceso de interponer una demanda de competencia a fin de evitar dichas importaciones.

Lamentablemente, dichos fallos han obligado de cierta manera a realizar inscripciones de vehículos que no deberían ingresar al Sistema Nacional de Tránsito Terrestre, pero que al haberse producido el ingreso al país y que el mismo se ha producido de manera definitiva –el ingreso que se les otorga a dichos vehículos es definitivo–, y al no existir pronunciamiento de la Sunat-Aduanas al respecto (pues al oficiarse a fin de conocer su posición al respecto sólo se indica que la nacionalización se realizó en mérito a una resolución judicial) han determinado que se realicen inscripciones al menos de aquellos vehículos que cuenten con una sentencia del TC, debiendo indicarse que dichos vehículos son afectados con una anotación de carga en la cual se deja constancia de la situación de ingreso al país.

(*) Abogada de la PUC con estudios de maestría en Derecho con mención en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica.

EL PERUANO

28/05/2010

Derecho a la información que tiene la gestante

ALERTA LEGAL

Toda persona tiene derecho a obtener información sobre su salud. Así está reconocido explícitamente en diversos protocolos que regulan el funcionamiento de los establecimientos de salud del país. Proporcionar información a los usuarios y usuarias de los servicios de salud genera una relación de confianza con el profesional de la salud, contribuye a realizar con éxito el tratamiento y establece las bases para brindar un trato adecuado a quienes hacen uso de dichos servicios.

En lo relacionado con la salud materna, las atenciones prenatales constituyen el escenario ideal para que el personal de salud informe a la gestante sobre sus derechos, involucre a su pareja y familiares en el proceso del embarazo y parto, promueva el mayor número posible de atenciones prenatales y fomente el parto en el establecimiento de salud. En los últimos años, el Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto especial interés en asegurar que las gestantes se encuentren informadas, en particular sobre los signos de alarma que aparezcan durante el embarazo. A este respecto, en la segunda supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo a los servicios de ginecología y obstetricia de 11 regiones del país se detectó que la cefalea, los edemas, el sangrado y la pérdida de líquido por la vagina son algunos de los signos de alarma que más se difunden entre las gestantes, lo que constituye un significativo avance en la atención de la salud materna. No obstante, la información sobre algunos otros síntomas –como el zumbido en los oídos– no se brindó a más del 10% de las entrevistadas.

Aspectos a fortalecer

La referida supervisión también permitió identificar algunos aspectos de la atención que requieren ser fortalecidos. Éstos se encuentran principalmente vinculados con el deber del personal de salud de informar a las gestantes sobre sus derechos. Así, por ejemplo, solo el 29% de usuarias señaló que conocía sus derechos en el marco de la atención prenatal, el 51% precisó que no recibió consejería previa a la realización de la prueba para detectar VIH y el 71% no sabía que podía optar por un parto vertical con adecuación intercultural.

En opinión de la Defensoría del Pueblo, la adecuada información de las gestantes durante la etapa prenatal se presenta como una estrategia de sencilla implementación, la cual otorga a las usuarias los elementos suficientes para adoptar un rol activo en el cuidado de su salud que, sumado a la labor del personal de salud, puede contribuir a reducir los casos de muertes maternas prevenibles. Mejorar el acceso de las gestantes a información oportuna, clara y detallada sobre el embarazo y el parto puede representar, en algunos casos, una garantía de sus derechos a la salud y la vida.

EL PERUANO

12/02/2010

Perú se alinea contra la criminalidad organizada

Reconoce. Vocal supremo Víctor Prado Saldarriaga

El país asume políticas internacionales para la previsión de ese flagelo
Magistrado sugiere nuevas opciones más expeditivas

El Perú se ha ido alineando en los últimos diez años a los convenios y políticas internacionales para la previsión y control de la criminalidad organizada y de proyección transnacional, afirmó el vocal supremo Víctor Prado Saldarriaga. En opinión del magistrado supremo esto se refleja con claridad en el Libro Séptimo del Código Procesal Penal de 2004, que trata de los distintos procedimientos que toca la acción judicial internacional en materia penal. "También en la presencia dentro del Código Procesal Penal de 2004 de procedimientos especiales como la libertad vigilada, el uso de agentes encubiertos, la colaboración eficaz o los procedimientos de protección de testigos", agregó. Sostuvo, por ende, que se ha avanzado pero que aún falta construir mecanismos complementarios en el plano logístico, que aseguren la eficacia en estos procedimientos; "y esto es bastante notorio en los casos de protección de testigos".
"Me parece importante –por eso– en este ámbito que se conozcan nuevas vías de cooperación internacional para entrega de personas a otros Estados", dijo Prado Saldarriaga.

Sugerencias

Señaló que aún se mantiene la clásica extradición y en su opinión ya se deben ver otras opciones más expeditivas, menos costosas, menos formales que respondan a la voluntad de enfrentar a la criminalidad internacional con un compromiso por la justicia contra la impunidad.
"Eso se refleja en procedimientos nuevos como la llamada Orden detención Europea, Euro Orden", detalló.
Indicó que en el plano regional ya se está insistiendo en este tipo de procedimientos que, sería la nueva presión de lo que es la extradición y que haría más fluida la cooperación de los Estados. "Así evitaríamos la impunidad en el tránsito de personas".
Informó que el procedimiento de detención europea parte de una orden que emite un juez de un país y que un juez de otra nación la va a ejecutar; "la lógica es la confianza". "Si un juez pide la detención de una persona, es porque hay una razón suficiente para ejecutar esa medida. Se va a respetar reglas procedimentales que respeten los derechos del procesado. Por ende no se debe desconfiar ni neutralizar la voluntad de hacer justicia, más bien se debe dar todas las facilidades para la entrega del sujeto", explicó.

EL PERUANO
12/02/2010

Ejecutivo se esfuerza para implementar nuevo CPP

Ámbito. En todo el país de manera rápida
Hasta el momento se aplica en trece distritos judiciales
Ministro de Justicia participó en audiencia pública en Lince

El Poder Ejecutivo hace todos los esfuerzos posibles para implementar rápidamente el nuevo Código Procesal Penal (CPP) a escala nacional, informó el ministro de Justicia, Aurelio Pastor.
El titular de sector sostuvo que hasta el momento dicho cuerpo legislativo se ha implementado en 13 distritos judiciales, con una inversión de 505 millones de nuevos soles.
“El 1º de abril entrará en vigencia en Cajamarca, Amazonas y San Martín; siendo un deseo del presidente de la República, Alan Garcia Pérez, que al culminar su mandato se haya implementado este nuevo código en Lima y Callao”, afirmó el ministro Pastor.

Audiencia en Lince
Durante su participación en la Audiencia Pública del Ministerio de Justicia (Minjus) realizada ayer en el local de la Gobernación de Lince, Pastor explicó los detalles de los servicios gratuitos que ofrece este portafolio a la ciudadanía Tal es así que detalló los beneficios de la conciliación extrajudicial, la labor que realizan los defensores públicos, el servicio que brindan los abogados de los consultorios jurídicos, así como el trabajo de los especialistas en arbitraje y promotores legales.
El ministro Pastor estuvo acompañado por la gobernadora del distrito de Lince, Edda Portocarrero, y de un grupo de conciliadores y promotores legales.

Casas de la Justicia
El ministro Pastor explicó a los asistentes en la audiencia la experiencia de las Casas de la Justicia que ya funcionan en Chumbivilcas (Cusco), Paucará (Huancavelica) y la de Quilmaná (Cañete). Las Casas de la Justicia cuentan con conciliadores y abogados de la Defensoría Pública y de los consultorios jurídicos populares. Recalcó que los defensores públicos realizan un importante trabajo en la tarea de reducir el hacinamiento carcelario, tramitando beneficios penitenciarios de libertad condicional y semilibertad para los internos primarios.

Aspectos relevantes
1 El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, resaltó durante la audiencia pública el apoyo que brinda el Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) a la población facilitando información legal gratuita.

2 Agregó que se cuenta con once módulos del SPIJ distribuidos en las cortes superiores de la República y en las tres Casas de la Justicia existentes.

3 Pastor señaló que el Penal de Piedras Gordas II será un establecimiento carcelario para reos primarios, donde se internará a personas de 18 a 25 años de edad.

4 “Se ha invertido 80 millones de nuevos soles en su construcción, implementándose en dicho penal talleres de formación laboral, con la finalidad de regenerar a los internos”, manifestó

EL PERUANO
12/02/2010

Inscripción de personas jurídicas no societarias

Sunarp. Con nuevo reglamento regula este trámite aplicable para el caso de las EIRL

Calificación registral implica verificación la validez del acto
Norma reúne criterios para calificar títulos referidos a asociaciones

Carlos Manuel Chipoco Q.*

La vigencia del nuevo Reglamento de Inscripciones de Personas Jurídicas no Societarias, aprobado mediante Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 086-2009-Sunarp/SN, constituye una norma del procedimiento registral aplicable a los actos inscribibles de las personas jurídicas diferentes a la sociedades y a las empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL).
Con esta norma, el Sistema Registral Peruano cuenta con normatividad aplicable a la mayoría de sus registros.

Consideraciones generales

La referida norma, en adelante reglamento, reúne los criterios que el registro ha venido aplicando en la calificación de los títulos referidos a las asociaciones, comités, fundaciones, cooperativas, comunidades campesinas, organizaciones sociales de base, personas jurídicas creadas por ley y otras personas reguladas por leyes especiales.

En muchas de sus disposiciones se aprecia una reglamentación detallista para la elaboración de algunos documentos de vital importancia que acceden al registro. Ya sea los que contienen el acto que genera una inscripción, como los documentos complementarios, señalando sus requisitos mínimos; como en los casos de la inscripción de la constitución de la persona jurídica no societaria, del contenido de las actas, la convocatoria, así como las asambleas de reconocimiento.

Por otro lado, regula los criterios de calificación por tomar en cuenta por el registrador al momento de evaluar los títulos. Dicha orientación la podemos apreciar en las normas sobre el contenido del asiento de inscripción en forma general y para determinados actos inscribibles, como el acto de constitución y la modificación del estatuto.

Igualmente, establece las reglas y procedimientos que se deben tener en cuenta para la inscripción del nombre o denominación de la persona jurídica, el cambio de domicilio, nombramiento de los integrantes de los órganos de gobierno y otros actos inscribibles en el Registro de Personas Jurídicas, constituyendo una norma útil tanto para las personas que usan el referido registro, así como para los que efectuamos la función calificadora de los títulos que acceden al registro.

* Registrador público del Registro de Personas Jurídicas de la Zona IX - Sede Lima.


Verificación

Dentro de la calificación que realiza el registrador está verificar la validez del acto que ingresa en el registro, conforme lo señala el artículo 2011 del Código Civil. Por ello, tratándose de títulos referidos a personas jurídicas, dicha función comprende que se verifique que la convocatoria, quórum y mayorías de las sesiones de los órganos colegiados, como la asamblea general y consejo directivo, se adecuen a las disposiciones legales y estatutarias, conforme lo indica el artículo 17 del reglamento.

Desde la vigencia de la nueva norma reglamentaria, las convocatorias, que son los actos que dan publicidad a la realización de las sesiones, así como los temas de la agenda por tratar, se acreditan exclusivamente con las constancias, las cuales vienen a ser las declaraciones juradas que anteriormente se normaban en la Resolución de l aSuperintendente N° 331-2001-Sunarp/SN.

Respecto del quórum, que es el número de asociados que asisten a una sesión, se establece al inicio de la misma, es decir, al momento de su instalación, conforme al artículo 55 del reglamento. Tratándose de sesiones de asambleas generales, siempre debe acreditarse con constancias con firma legalizada o autenticada del declarante. Sin embargo, en los casos de sesiones de otros órganos colegiados, como el consejo directivo o de vigilancia, bastará acreditar el quórum requerido con el acta donde consten el nombre y la firma de los miembros asistentes.

Sobre las mayorías para adoptar acuerdos válidos, ello se acredita con el acta, que debe contener el número de votos con los cuales se aprobó el acuerdo, salvo que se trate de la votación favorable de todos los asistentes. Supuesto en el cual bastará que se indique en el acta que el acuerdo se adoptó por unanimidad, conforme el artículo 60 inc. d) del reglamento.

Consejo directivo

La finalización del mandato del consejo directivo de las personas jurídicas no societarias siempre ha sido tema de preocupación y de interés por parte del registro. Ello se debe al hecho de que dichas personas jurídicas aún no tienen la costumbre de inscribir la elección de los consejos directivos en forma regular, a medida que hayan sido nombradas. Debe tenerse en cuenta que la inscripción de las directivas en el registro es facultativa.

La falta de elección o inscripción de los directivos en el registro genera el problema de las acefalías de los órganos de gobierno de las personas jurídicas, y trae como consecuencia que para el registro las personas jurídicas no tengan directivas con mandato vigente.

Por esa razón, el nuevo reglamento señala que al momento de constituirse la persona jurídica, el estatuto debe establecer en el caso del consejo directivo u otro órgano análogo, si una vez vencido su período de funciones, continúa o no en funciones, conforme al artículo 24 inc. c) del reglamento.

El nuevo reglamento ante la acefalía del consejo directivo, luego de culminado su mandato, establece un criterio de trascendencia registral para que se pueda elegir un nuevo consejo directivo en la persona jurídica, sustentado en el hecho de otorgarle en forma excepcional y restringida facultades sólo para que el consejo directivo convoque a asamblea eleccionaria, conforme los artículos 44 segundo párrafo y Segunda Disposición Transitoria del reglamento.

Asamblea

1 Conocida antes como asamblea de regularización, la asamblea de reconocimiento, con el nuevo reglamento procede en los casos de elección, reestructuraciones u otros actos vinculados con consejos directivos electos no inscritos (que tienen que ser mínimo dos directivas o consejos).

2 También se admite la posibilidad de reconocer actos distintos a la designación de directivos, como los casos de otorgamiento de poderes o modificaciones de estatutos, que por diversos motivos no fueron inscritos oportunamente.

3 El nuevo Reglamento de Inscripciones de Personas Jurídicas no Societarias aún es materia de debate e interpretación.

EL PERUANO

11/02/2010